lunes, 3 de noviembre de 2014

La Universidad en tiempos de la crisis, por Juan Antonio Prieto Velasco

La Universidad en tiempos de la crisis, por Juan Antonio Prieto Velasco, Profesor Contratado Doctor del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

La trasformación de la sociedad a lo largo de la última década ha impulsado cambios legislativos que han afectado de lleno a la universidad española (LOU, LOMLOU, Real Decreto Ley 14/2012) y no para mejor precisamente, pues han resultado, a grandes rasgos, en el encarecimiento de la educación y en la degradación de la calidad de la enseñanza. Son muchas las voces críticas que han ido apareciendo en el seno de la Universidad, en la Conferencia de Rectores, entre los defensores universitarios españoles y en los medios de comunicación contra la mercantilización de la educación superior y la consiguiente pérdida de la función social de la Universidad. La disconformidad ha dado paso a la resignación ante las graves consecuencias para el acceso a la universidad, la calidad educativa, la investigación, la trasferencia tecnológica o la innovación docente, así como la reforma encubierta de la universidad pública y el impulso de la privada. En la base de la adversa coyuntura actual encontramos los recortes en la financiación universitaria —la universidad española ha perdido 1.500 millones de euros (-15.1 %)—, la deuda del Estado con las universidades y la drástica reducción de hasta el 36 % de la inversión en I+D+i.
Pese al reconocimiento social con que antaño gozaba la profesión de profesor, y más aún, la de profesor universitario, hoy día la trasformación boloñesa, como se conoce popularmente el Plan Bolonia o proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, ha contribuido sobremanera a que los profesores universitarios seamos menos investigadores y más burócratas. Pasamos el día entre guías docentes, memorias de proyectos, solicitudes de ayudas y becas, informes de evaluación, resoluciones de reclamaciones, acreditaciones, etc. El reconocimiento económico de la labor docente-investigadora-gestora y de la burocrática tampoco se corresponde con el tiempo y el esfuerzo que se dedica fuera del horario lectivo a estas tareas, por no mencionar el larguísimo e intrincado recorrido académico por el que hay que transitar para alcanzar la tan ansiada estabilidad.
No solo se dificulta la promoción interna de los profesores, quienes ven cómo a otros empleados públicos sí se les promociona atendiendo a la consecución de logros y al acúmulo de méritos, sino que, se han perdido más de 8.000 empleos de personal docente e investigador y personal de administración y servicios en las universidades públicas en dos años a causa de los recortes y la excesiva limitación de la tasa de reposición.
La tasa de reposición del 10 %, además de impedir la promoción del personal temporal a puestos estables o del personal laboral a plazas de funcionario, ha fomentado el envejecimiento de la plantilla, la desmotivación del profesorado y la no renovación de numerosos contratos de profesores asociados. Ello trae consigo el aumento de la carga lectiva del profesorado y la contratación de profesores sustitutos interinos que trabajan en condiciones precarias y con horarios infernales, que no les permiten conciliar la vida familiar con la laboral, ni dedicar el tiempo suficiente a la realización de su tesis doctoral. Más allá de la promoción, el acceso a la carrera académica se prevé aún más duro, arbitrario y opaco debido a los ambiguos criterios de acreditación, prerrequisito para presentarse a cualquier plaza de profesor. Si a eso se le suma la desincentivación que supone la congelación y reducción de salarios que ha mermado el poder adquisitivo del profesorado, la consecuencia es el inevitable retroceso de la calidad educativa.
La reducción de los costes en I+D+i, la falta de oportunidades para los becarios FPU y FPI (que se forman como profesores universitarios o personal investigador) o las escasas ayudas para la realización del doctorado y el retorno de los investigadores españoles en el extranjero agravian el panorama investigador en la medida en que ha dejado de considerarse una inversión en el principal motor de conocimiento para pasar a ser un gasto más que hay que “racionalizar”. Por si no fuera suficiente se penaliza a los profesores sin un tramo de investigación reconocido (sexenio) con más horas de clase (hasta 32 créditos), lo cual no deja de ser paradójico, pues esta medida, inicialmente concebida como un incentivo económico a la labor investigadora de los profesores, es ahora más bien un castigo que impide dedicar más tiempo a la investigación  precisamente a quienes presentan esta carencia en su faceta investigadora.
Por su parte, los estudiantes deben hacer frente a carreras más caras con menos becas y ayudas pues se exige más rendimiento a quien tiene menos recursos y posibilidades. El acceso a la universidad que establece la LOMCE prevé la realización de un examen final de ciclo o reválida al finalizar 2º de Bachillerato, a lo que seguirá el procedimiento que cada universidad tenga a bien establecer para la admisión. Una vez dentro de la titulación deseada (o la que nos haya tocado en suerte), hay que hacer frente a las tasas académicas, que se han incrementado hasta en un 50 % para adaptarlas al coste real de la educación (cabe recordar que en países como Dinamarca, Finlandia, Republica Checa y recientemente Alemania el coste de los estudios universitarios los asume el estado), en paralelo a un endurecimiento de los requisitos para acceder a una beca.
Esta situación impide un acceso universal y en condiciones de equidad a la educación superior y la igualdad de oportunidades en la medida en que se deja en manos de las comunidades autónomas los precios públicos que los estudiantes deberán abonar tanto en Grado como en Posgrado, y que se incrementan en función de si se trata de 1ª, 2ª, 3ª o 4ª matrícula. Estudiar una carrera universitaria puede llegar a ser hasta un 40 % más caro según la comunidad en que se sitúe la universidad escogida. Según la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la reforma del sistema de acceso y percepción de becas ha desnaturalizado un derecho para convertirlo en una ayuda por la que se compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las necesitan.
Los recortes en becas de todos los niveles educativos ascienden, solo en los dos últimos cursos, a 275 millones de euros; principalmente porque al aumentar la nota mínima se conceden menos becas, porque la cuantía media ha disminuido de 3.100 a 2.800 € y porque también han aumentado los umbrales de renta. Así, solo pueden recibir beca los que accedan a la universidad con una nota mínima de 6,5, quienes aprueben todas las asignaturas, o quienes aprueben entre el 80 % y 90 % de las asignaturas con una nota media mínima de 6,5. En caso de no aprobar al menos el 50 %, no solo se pierde el derecho a percibir la beca el curso siguiente, sino que hay que devolver el importe recibido ese curso. Asimismo, se vincula el rendimiento a la cuantía de las afamadas becas Erasmus, de forma que reciben una cuantía superior los estudiantes con mejor expediente y un mayor nivel de conocimiento del idioma del país de destino. Igualmente, la duración de la Erasmus será de un semestre, ampliable al curso completo si lo financia la universidad de origen.
Y aunque hay que minimizar la importancia de las clasificaciones internacionales como la de Shanghái, la subida de tasas y precios públicos, la reducción del presupuesto de las universidades y de la inversión en educación superior, los recortes en gastos de personal, la insuficiente financiación de la investigación e innovación universitarias, el menoscabo de los derechos laborales de los profesores y los perjuicios causados al derecho de los estudiantes a la educación no son el camino para que haya alguna universidad española entre las 100 mejores del mundo. Eso sí, en los pasillos de cualquier rectorado no faltarán palabras como innovación, excelencia, o calidad con las que se nos llena la boca.

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